Comentarios a un escrito de J.R. Rallo que Garicano considera “excelente”

dimarts , 29/11/2016

Comentarios (en rojo) a un escrito de Juan Ramón Rallo que a Garicano le parece “excelente”

 

Podemos empobrecerá a los más pobres con su ley de salario mínimo

Una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie

Juan Ramón Rallo

25.11.2016 – 05:00 H

 

El Congreso aprobó el pasado martes una proposición de Ley de Unidos Podemos para incrementar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio de España en el año 2020. Dado que en la actualidad el salario medio de España asciende a unos 1.881 euros mensuales, la propuesta de la formación morada pasa por fijarlo en 1.108 euros mensuales en 2020 (950 euros mensuales en 14 pagas).

La idea parece razonable, dado que únicamente desarrolla la respectiva sugerencia de la Carta Social Europea: a saber, que los salarios mínimos nacionales representen al menos el 60% de los salarios medios. Sin embargo, su fundamentación económica es muchísimo más endeble y peligrosa, justamente por no entender qué es y qué implicaciones conlleva un incremento normativo del sueldo mínimo.

 

¿Qué es el salario mínimo?

 

Empecemos por lo básico: una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie, dado que el empresario puede optar por despedir al trabajador antes que abonarle un mayor salario. Si muchas personas confunden ambas proposiciones (subir el salario mínimo legal con incrementar los salarios más bajos de la economía) es porque implícitamente asumen que el empresario no podrá permitirse prescindir de sus empleados y, por consiguiente, se verá empujado a incrementarles su sueldo.

 

Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal, el empresario optará por despedirle

 

Pero esta última hipótesis —que el empresario preferirá siempre aumentar la remuneración de sus trabajadores antes que despedirlos— es cuando menos discutible. Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa (lo que suele llamarse “productividad marginal del trabajador”) es inferior al salario mínimo legal, entonces el empresario optará por despedir a su empleado: “Si gracias a ti ingreso 10 pero me cuestas 15, mejor no te contrato”. Imaginen que el Congreso aprobara una “ley de altura mínima”, según la cual los empresarios no pudieran contratar a trabajadores que midieran menos de 1,85 metros: ¿lograría esa normativa aumentar la altura de los obreros más bajitos o más bien equivaldría a prohibirles trabajar por ley? O imaginen que el Congreso aprobara una “ley de ingresos mínimos” para los autónomos, según la cual ningún trabajador autónomo con ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales tiene permitido desarrollar la actividad en nuestro país: ¿conseguiría esa ley que los autónomos ingresaran más o simplemente los condenaría al desempleo? El problema de las leyes de salario mínimo es justamente ese: en lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar relegándolos al desempleo estructural.

Ahora bien, es verdad que hay muchos economistas que defienden los aumentos del salario mínimo legal. ¿Por qué? Pues una de dos: o porque consideran que parte de los trabajadores están percibiendo a día de hoy un salario inferior a su productividad marginal (es lo que ocurriría en mercados laborales monopsónicos o con comportamientos similares al monopsonio)

Ignoro lo que piensan otros economistas que defienden el aumento del salario mínimo. Yo lo hago porque pienso que muy frecuentemente el salario está por debajo de la productividad marginal del trabajo, pero no porque el mercado laboral sea monopsonístico. La idea de que en un mercado laboral competitivo el salario iguala la productividad marginal del trabajador es cierta sólo en condiciones muy restrictivas.

Esa igualdad se desprende del supuesto de que la función de producción cumple ciertos requisitos. A nivel práctico, esas condiciones se daban en las economías preindustriales. El ejemplo clásico es el de una masa de trabajadores que explotan, todos de la misma manera, una cantidad de tierra heterogénea. Es este caso, está clara cuál es la contribución que hace un trabajador a la producción, y está claro que cuantos más trabajadores, menos fértil será la tierra que debe explotarse, con lo que la productividad del último trabajador dependerá del número de trabajadores que trabajen.

Ahora bien, en una empresa industrial, las cosas ya no funcionan así.

Consideremos una empresa ferroviaria que emplea a un guardagujas cuyo único trabajo es accionar una palanca varias veces al día. ¿Cuál es su contribución a la producción de la compañía? Lo que ésta perdería si prescindiera de él, que es una cantidad enorme, puesto que la mitad de los trenes no llegarían a su destino. Sin embargo, es de suponer que su salario será relativamente bajo. ¿Por qué? No porque su productividad marginal lo sea (puesto que es enorme) sino porque la compañía puede substituirlo fácilmente por otro trabajador similar a ese bajo salario. Para la empresa ferroviaria – a diferencia del terrateniente que habíamos considerado antes – el salario no viene determinado por la productividad.

Tenemos tan interiorizado que el salario es igual a la productividad que a menudo deducimos que el hecho de que un salario sea bajo es demostración suficiente de que la productividad también lo es, pero sólo se trata de un razonamiento circular sin ninguna base lógica.

El ejemplo del guardagujas no es excepcional, sino precisamente la norma en economías complejas. Ahora bien, podría ser que el salario de mercado – que la compañía ferroviaria acepta como dado – venga determinado por la productividad de los trabajadores en general en esa economía concreta. La comunidad académica ha realizado esfuerzos enormes para poder establecer algo que se parezca a esa relación; sin éxito. Samuelson, por ejemplo, se dedicó a ello durante un tiempo, sólo para concluir que la “teoría del valor” no es capaz de aportar luz para entender cómo funcionan las economías complejas.

No, la teoría económica ortodoxa no puede demostrar que en una economía compleja y competitiva el salario iguale la productividad marginal del trabajador. Por tanto, es perfectamente posible imaginar que, si el gobierno obliga a pagar más a empresas competitivas, sigan contratando exactamente el mismo número de trabajadores.

o porque creen que el incremento de los salarios mínimos contribuirá a elevar la productividad del trabajo de manera endógena (por ejemplo, porque el mayor coste laboral inducirá a los empresarios a reducir sus ineficiencias organizativas internas; o porque el mayor salario actuará como un estímulo keynesiano sobre el resto de la economía; o porque el mayor salario estimulará a los propios trabajadores a volverse más eficientes; o porque el mayor salario desincentivará la alta rotación de empleados en un mismo puesto de trabajo).

Efectivamente, es frecuente oír este tipo de argumentos.

Dejando de lado el argumento keynesiano (que creo que sólo es eficaz o bien a corto plazo, o bien en las condiciones excepcionales en que Keynes desarrolló su teoría), el resto de argumentos se reducen a uno: que el encarecimiento del trabajo estimula la productividad. Hay muchísima evidencia histórica de que esto es así, y, en general, la industrialización ha venido estimulada por la escasez (o sea, el encarecimiento) de trabajadores.

Este efecto es típicamente industrial y agrícola: probablemente, si el salario del guardagujas sube, la compañía ideará maneras de aumentar su productividad: quizá le subministre una motocicleta para que se haga cargo de dos intersecciones.

Ahora bien, en las economías de servicios se da otro fenómeno que no es frecuente oír y que Rallo tampoco menciona.

En estas economías el aumento del salario puede inducir aumentos de la productividad del trabajador, pero, a diferencia de los casos que él menciona, sin que el trabajador o la empresa deban hacer nada.

Consideremos dos camareras de piso de dos hoteles muy similares. Las dos deben realizar las mismas operaciones en habitaciones muy similares dotadas de instrumentos (un carrito, una escoba, etc) y productos (de limpieza) muy similares. Las dos producen lo mismo: asear el mismo número de habitaciones por hora. Lo único que las diferencia es que la una trabaja en un hotel suizo y la segunda en un hotel español que subcontrata la limpieza a una empresa de multiservicios. La primera gana 49.000 euros al año y la segunda 10.000. (La segunda tiene derechos sociales que la primera debe pagarse, pero este hecho no desvirtúa el razonamiento; tampoco lo hace el coste de la vida, puesto que en términos de PPP, la relación entre los dos salarios viene a ser de 1 a 4).

Imaginemos ahora que el gobierno toma conciencia de lo que establece el artículo 37.1 de la Constitución Española y deroga la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En este caso, el hotelero español deberá pagar a la camarera lo que establezca el convenio de hostelería que le sea de aplicación: pongamos 18.000 €. ¿Cuál es la contribución a la producción del hotel que hace la camarera de piso? Si aceptamos que el hotelero actúa en un mercado competitivo (vende servicios a la calidad y precio que dictan sus competidores), debemos concluir que esa productividad sube y baja con el salario. Y no el salario con la productividad.

El caso de la camarera no es excepcional, sino la norma en una economía de servicios: ¿cuál es la productividad (marginal o no) de acompañar a un anciano, de atender niños en una guardería, de dictar sentencias, de cortar el cabello? La que establezca el salario. De hecho, el salario del peluquero se ha disparado en los últimos siglos, sin que lo haya hecho su productividad física.

En principio, pues, no cabe rechazar teóricamente de plano que un cierto incremento del salario mínimo pudiera generar un incremento sostenible de la ocupación y de las remuneraciones.

Por tanto, para conocer la relevancia real de los anteriores efectos no queda otra que recurrir a la empírica: ¿qué nos dice la experiencia acerca de las consecuencias de los aumentos del salario mínimo legal?

 

Efectos del salario mínimo

 

En 2009, los economistas Hristos Doucouliagos y T. D. Stanley publicaron una meta-análisis de 1.474 estimaciones acerca de los efectos del salario mínimo sobre el empleo, y el conjunto de tales estimaciones mostraba que, por cada incremento del 1% en el salario mínimo, el empleo se reducía un 0,19%.

La evidencia empírica que presenta Rallo es muy, muy, sesgada y está lejos de constituir un consenso científico. Baste citar – entre muchos otros ejemplos – una frase de un estudio muy reciente (2014) de la Universidad de Berkeley realizado en el marco del debate en el Ayuntamiento de Los Angeles sobre la propuesta (que acabó siendo aprobada) de subir el salario mínimo local:

 

La investigación económica a escala federal, estatal y local sobre los aumentos del salario mínimo de la zona han encontrado poco o ningún efecto mensurable sobre la ocupación o las horas trabajadas.

 

Es decir, si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5% con respecto a los niveles actuales: una destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Una subida del 45% es, efectivamente, mucha subida. Sin embargo, debe tenerse presente que la subida que el Ayuntamiento de Los Angeles estaba considerando, y qué acabó aprobando, era del 36% en tres años. Inmediatamente después, el estado de California ha aprobado subir el salario mínimo un 50% en seis años. Por su parte, el gobierno británico también ha aprobado recientemente subir el salario mínimo un 34% en cuatro años. Magnitudes similares a la de la subida que propone Podemos han sido considerada favorablemente por otros hace muy poco tiempo.

Es verdad, sin embargo, que Doucouliagos y Stanley consideran que su devastadora estimación sobre los efectos del salario mínimo se debe a que existe un sesgo de publicación entre los ‘journals’ de Economía: esto es, que los autores y los editores tienden a publicar en mayor medida análisis críticos con el salario mínimo que análisis favorables al mismo. Pero fijémonos en que la exoneración de los efectos destructivos del salario mínimo no se debe a que la evidencia disponible concluya que el salario mínimo es inocuo, sino a la presunción de que la evidencia disponible no es totalmente válida.

 

Si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5%: una destrucción de 1,5 millones de puestos

 

Pero supongamos que, en efecto, un incremento del salario mínimo no provoca destrucción neta de empleo porque la evidencia negativa sí se halla sesgada. ¿Significa ello que carece de consecuencias negativas sobre los trabajadores? En absoluto. La destrucción de empleo es solo uno de los posibles canales de transmisión de una subida del salario mínimo, pero hay al menos otros cinco canales negativos para los que contamos con diversos grados de evidencia empírica:

  • Ralentización de la creación de empleo: El incremento del salario mínimo no tiene por qué reducir el volumen de empleo actual, sino que bien puede frenar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los economistas Meer y Westestiman que un aumento del 10% en el salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de creación de empleo. Dado que Unidos Podemos desea aumentar el salario mínimo más de un 40%, ello significaría que la creación de empleo de la economía española se frenaría por entero.

Efectivamente, hay que esperar este efecto, pero matizando su redacción: lo que hay que esperar es que se ralentice la creación de puestos de trabajo poco calificados. Ahora bien, esta previsión debe ser considerada a la luz de lo siguiente: España tiene una proporción de jóvenes de entre 30 y 34 años trabajando con una calificación igual o inferior a la ESO que cuadruplica la de prácticamente todos los países situados al norte de los Pirineos. Así pues, el aumento del salario mínimo actuaría como una corrección a un modelo laboral que prioriza la creación de puestos de trabajo poco calificados.

  • Reducción del número de horas trabajadas: Los empresarios pueden no despedir a aquellos trabajadores cuyo salario mínimo ha aumentado, pero sí pueden reducir el número de horas por las que los contratan (sustitución de la jornada a tiempo completo por jornada a tiempo parcial). Si la hora de trabajo sale más cara, su demanda de horas de trabajo cae.

Como hemos visto, no hay evidencia empírica que soporte esta predicción

  • Reducción de los salarios en especie:Los empresarios pueden compensar el mayor coste salarial con un menor coste no salarial (por ejemplo, una menor inversión en formación interna), de modo que la remuneración total de un trabajador no cambiará pese al mayor salario mínimo legal.

Esta predicción es impropia de un economista ortodoxo: si los empresarios hubieran podido hacerlo antes, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué iban a esperar a un aumento del salario mínimo para proceder a una reducción de costes que ya era posible antes?

  • Sustitución de trabajadores no cualificados por trabajadores cualificados: Imaginemos que la productividad de un trabajador no cualificado es 10 y la de un trabajador cualificado es 15. Si el coste de contratar al no cualificado es 5 y el de contratar al cualificado es 12, el empresario preferirá incorporar al trabajador no cualificado (su margen de ganancias es mayor). Sin embargo, si se eleva el salario mínimo de 5 a 8, pasará a ser más rentable contratar al trabajador cualificado, de modo que el empresario podría optar por despedir a los empleados no cualificados para incrementar la contratación de los cualificados (el efecto del salario mínimo sobre el empleo total sería nulo, pero saldrían perdiendo aquellos a los que se quería beneficiar con el mayor salario mínimo).

Efectivamente, este es un fenómeno que cabe esperar a medio y largo plazo. De hecho, la posibilidad legal de pagar salarios tan bajos es lo que explica por qué la fuerza laboral española que trabaja está tan poco formada.

  • Aumento de precios: Los empresarios que vendan bienes o servicios con una demanda muy inelástica podrán repercutir su mayor coste salarial sobre los precios finales. Pero, evidentemente, si los precios de los bienes de consumo aumentan, los salarios reales de todos los trabajadores se reducirán. O dicho de otro modo, el aumento nominal del salario mínimo de algunos trabajadores ocasionará un recorte del salario real de otros trabajadores. ¿Cuál es el saldo neto de este efecto redistributivo entre los que ganan y los que pierden? De acuerdo con un reciente estudio del economista Thomas MaCurdy, el efecto es netamente perjudicial para los más pobres (pues son ellos los que consumen un mayor porcentaje de los productos que más se encarecen).

Ciertamente que el aumento del salario mínimo generará un aumento de ciertos precios. Concretamente, de los productos y servicios (sobre todo servicios) que utilizan mano de obra muy barata: atención a las persones, comercio al detalle, limpieza, etc. A falta de evidencia empírica referida a España, el supuesto de que estos servicios sean utilizados sobre todo por los más pobres no parece razonable: no son los pobres los que emplean otras personas, sino, sobre todo, dos colectivos: los turistas y la clase media y alta.

La evidencia disponible, pues, no parece avalar un incremento del salario mínimo en España: incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar en nuestro país solo contribuirá a reducir muy significativamente el empleo y a hundir los ingresos reales de las familias más pobres. Un riesgo que, con una tasa de paro del 20%, no nos podemos permitir.

La relación entre la tasa de paro y el salario mínimo debe ser considerada la luz de un factor que Rallo parece ignorar: el hecho de que el mercado laboral español, y sobre todo el de los trabajadores peor pagados, no es cerrado sino abierto.

En España no hay paro porque se hayan creado pocos puestos de trabajo, sino porque estos han sido ocupados por inmigrantes. Efectivamente, si comparamos el número de ocupados con la población española de hace veinte años, veremos que toda la población activa debería estar trabajando. Ahora bien, la inmigración no es un factor exógeno sino, sobre todo, endógeno, y la evidencia empírica ha establecido que en EEUU los migrantes se dirigen sobre todo a aquellos estados con el salario mínimo más bajo. Porque es allí donde se crean puestos de trabajo para ellos.

Por tanto, una sociedad tan bien formada como la española y con una tasa de fertilidad tan baja, lo que no puede permitirse es seguir orientándose a la creación de puestos de trabajo poco calificados. No puede permitirse seguir teniendo un salario mínimo tan bajo.

 

Incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar contribuirá a reducir el empleo y a hundir los ingresos de las familias más pobres

 

Ahora bien, imaginemos que somos relativamente escépticos con respecto a los resultados anteriores. A la postre, sigue habiendo numerosos economistas partidarios de subir el salario mínimo legal. ¿Quedaría en tal caso justificada la propuesta de Unidos Podemos? No, ni mucho menos. Incluso aquellos economistas partidarios de subir el salario mínimo son conscientes de que, a partir de ciertos umbrales, el efecto es siempre negativo. Tomemos el caso de uno de los más destacados defensores académicos de incrementar los salarios mínimos: el profesor Arindrajit Dube.

Dube defiende que los distintos estados que componen EEUU fijen un salario mínimo equivalente al 50% del salario mediano de ese estado. Él mismo reconoce que se trata de una propuesta osada y arriesgada —“la propuesta de incrementar el salario mínimo hasta el 50% del salario mediano va algo más allá del rango salarial para el que disponemos de una mejor evidencia empírica”—, pero por la que cree que merece la pena apostar. En España, el salario mínimo ya representa el 47,8% del salario mediano (el salario mínimo en doce pagas son 764 euros mensuales y el salario mediano en 2015 fue de 1.596 euros), de modo que incluso para economistas como Dube tendríamos poco margen para incrementarlo sin considerables riesgos.

Sucede que Unidos Podemos no pretende aumentar el salario mínimo al entorno —o algo por encima— del 50% del salario mediano, sino al 60% del salario medio, lo cual equivale al 70% del salario mediano. Se trataría, con diferencia, del salario mínimo relativo más elevado de toda la OCDE. Una absoluta imprudencia que multiplicaría todos los riesgos de destrucción de empleo en una economía que ya padece una altísima tasa de paro estructural como la nuestra:

En definitiva, la propuesta de Unidos Podemos de incrementar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio es puro populismo laboral. No existe ningún otro país desarrollado con una regulación salarial tan restrictiva y obstructiva, acaso porque sus consecuencias serían verdaderamente devastadoras: y lo serían, muy en especial, para aquellos trabajadores con menores sueldos. Si a Unidos Podemos realmente le preocuparan los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mañana mismo procedería a retirar su pauperizadora proposición de Ley: no lo hará porque su genuina preocupación no son los trabajadores pobres, sino alcanzar el poder a hombros del populismo más descarnado… caiga quien caiga.

No me considero un populista, sino todo lo contrario, y lo que defiendo es un salario mínimo al mismo nivel que el de los países al norte de los Pirineos que lo tienen: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica u Holanda. Y cuando digo al mismo nivel me refiero a en relación a la productividad de cada economía. En términos prácticos eso quiere decir al nivel del 50% del PIB per cápita, que equivale a 12.000€/año. Ese nivel, desde luego, no es el más alto de la OCDE, sino un nivel, insisto, medio en términos relativos (a nuestra productividad).

 

Lent, car, atractiu

divendres, 22/01/2016

No seran 18 mesos. Ni 19

 

En el debat d’investidura, el candidat Puigdemont va haver de respondre a una pregunta saducea (o sigui, una pregunta-trampa) per part de Miquel Iceta: si continuava considerant vigent la declaració del Parlament del 9-N, que ha estat anul·lada pel Constitucional.  Puigdemont va contestar que sí, tot i que ho va fer amb prou contorsió com per permetre que Iceta, que tenia ganes de concòrdia, hi veiés un marge d’entesa. Explícitament, Puigdemont va mantenir el calendari dels 18 mesos, si bé introduint una certa flexibilitat:” si pot ser en 17 mesos, millor; si ha de ser en 19, no passa res”.

Això em fa recordar una entrevista que vaig tenir amb el president Mas el juliol de 2013. Tot i que la independència no n’era el motiu, va ser inevitable fer-hi referència, i jo li vaig comentar de passada que em semblava que era un projecte que requeriria d’uns deu anys. Va manifestar sorpresa i contrarietat; estava clar que ell pensava en un procés molt més ràpid. Jo em vaig sorprendre de la seva sorpresa, perquè no em semblava sensat imaginar un procés més ràpid.

D’aleshores ençà l’independentisme ha fet molta via. La partida és mental, i hem guanyat el primer assalt: hem aconseguit posar la independització de Catalunya al centre de la política espanyola, que és el pas més difícil per a qualsevol projecte que pretengui alterar l’estatu quo. Per primera vegada, per a la major part de l’opinió pública catalana el projecte és imaginable. Però ara cal convèncer-la que és desitjable. Els empresaris – sobre tot els petits – necessiten temps per comprovar que el procés no els expulsa del mercat espanyol (que, per altra part, va perdent pes lentament); la gent que no se sent “més catalana que espanyola” necessita ser convençuda que tenen alguna cosa a guanyar amb la independència, i que qui els hi mena no ho fa per tapar les seves vergonyes.

Les persones necessitem temps per fer-nos a la idea que hem de canviar una cosa que sempre havíem donat per feta. Per altra banda, la recuperació del prestigi per part de l’espai polític de centre no serà immediata.

En el millor dels casos, no serà un tema de mesos, sinó d’anys. Ho pensava fa dos anys i ho segueixo pensant ara. El temps dirà qui tenia raó.

Caldrà comprar el territori

Com que la independització serà ordenada, hi haurà d’haver un pacte, els termes del qual seran imposats pels àrbitres. Previsiblement, pels creditors. No sols haurem de fer-nos càrrec de la part alíquota del deute del Regne d’Espanya, sinó que haurem de pagar per la llibertat. En part, perquè els creditors voldran garantir la solvència del Regne d’Espanya després de l’escissió; en part, perquè l’opinió pública espanyola haurà de ser convençuda que els catalans els paguen per “la part alíquota de la seva propietat” sobre el territori català. És bèstia, però és el que hi ha.

La independització serà pacífica, però serà cara

El negoci serà millor per al castellanoparlant

La independització serà cara. Això no serà cap problema pels que se senten sobre tot catalans, però pot ser-ho pels que només se’n senten a mitges.

Caldrà convèncer al català castellanoparlant  que sortirà guanyant amb la independència. Costarà, però és possible aconseguir-ho perquè el cert és que la independència serà millor negoci per al català de Gavà que per al de Pedralbes. Del que es tracta és de convertir Catalunya en un país com els del centre d’Europa. Ara bé, allà els de dalt no viuen gaire millor que els d’aquí; en canvi, els de sota viuen molt millor que els d’aquí.

Els treballs d’Hèrcules i el paper de Demòcrates

dimarts , 12/01/2016

Estem vius, però seguim malalts

Divendres passat es cantaven les absoltes del procés. A tall d’exemple:

Xavier Roig (ARA):

Els meus amics saben que la nit del 27-S vaig manifestar que el procés, tal com l’enteníem, havia mort. Per la senzilla raó que la candidatura de JxSí havia estat dissenyada amb el propòsit d’obtenir majoria absoluta. I aquest fet no havia tingut lloc. […] El resultat del que ha passat no és culpa de la CUP sinó de la frivolitat de l’electorat català. […] Jo penso que l’electorat dels països seriosos, quan es tracta del seu futur més transcendental, procedeix de manera més enraonada. […] Podem quedar per d’aquí trenta-cinc anys.

Enric Juliana (La Vanguardia):

No podia ser, no ha pogut ser i no podrà ser. […] No pot ser, perquè la majoria de la societat catalana no està convençuda d’aquest camí, com va quedar ben clar el 27-S. […] Els partits catalans saben que la situació s’ha de reconduir cap al pacte. […] Els partits estan en el secret i molts dels seus votants continuen estant en el sentiment. […] ressorgeix ara el català emprenyat.

En canvi, des de diumenge els independentistes tornem a veure les coses amb optimisme.

Ara bé, aquest optimisme no hauria d’entelar-nos l’enteniment, perquè el procés continua tenint dos enormes problemes pendents, com es va ocupar de recordar l’oposició al llarg de la sessió d’investidura. El primer, aquell al que es referien Roig i Juliana: la manca de legitimitat d’un objectiu que no ha estat explícitament votat per la majoria de la població. El segon, l’historial de corrupció d’un dels partits que lidera el procés.

Insisteixo: la prioritat en els propers mesos és resoldre aquests dos problemes, no crear “estructures d’Estat” que permetin imaginar una impossible independització unilateral.

El que segueix es refereix a la reconstrucció del centre-dreta. Temps hi haurà per parlar de la legitimitat del procés.

La reconstrucció de l’espai de centre

Res no s’aconseguirà mentre Catalunya no disposi d’un partit de centre-dreta alliberat de sospites de corrupció, amb una visió clara del país que vol construir i amb uns quadres que donin garanties de ser capaços d’administrar amb solvència aquella transformació.

La millor notícia del cap de setmana és que Artur Mas es dedicarà amb cos i ànima (sembla impossible que ho faci de cap altra manera) a la “refundació”/renovació de CDC. Més val tard que mai.

No sabem com ho farà. Un bon indici és que el candidat que ha proposat per presidir la Generalitat no ha sortit de Còrcega sinó del món municipal. Ara bé, la tasca és hercúlia.

En els propers mesos (per no dir anys) assistirem a un reguitzell de comunicats relacionats amb els processos judicials dels diferents membres de la família Pujol i amb els diferents casos (reals o inventats) de finançament il·legal de CDC (incloent el cas Palau) o d’enriquiment il·lícit d’algun dels seus dirigents. Artur Mas pot ser de ferro, però el ciutadà normal és més aviat voluble, i aquest martelleig informatiu resultarà, sense cap mena de dubte, devastador per a la imatge de CDC, per a la imatge d’Artur Mas (al cap i a la fi, fill del pujolisme) i, en la mesura que CDC formi part del liderat del procés, per a la imatge d’aquest.

Per altra banda, CDC no té ni ha tingut mai una idea de país (ha tingut idees, que és una altra cosa). De fet, sempre va renunciar a tenir-la a base de reivindicar-se com un partit-amalgama de gent amb sensibilitats demòcrata-cristiana, social-demòcrata i liberal. Etiquetes que no volen dir res però la coincidència de les quals justificava la inanitat intel·lectual. Recentment, un membre de la cúpula de CDC em manifestava que “Convergència, com a tal, no ha pensat mai”. La manca d’idees és sempre mortal per a un partit (com coi vols liderar si no saps on vols anar?). Ara bé, si bé en circumstàncies normals l’efecte és tan lent que pots optar per ignorar-lo (com estan fent el PSC i el PSOE i com ha estat fent CDC, però com no està fent el PP), en moments de mutació com el que vivim, l’efecte pot ser fulminant. El suport de CDC a la declaració del Parlament del passat 9-N n’és un símptoma alarmant.

El paper de Demòcrates de Catalunya

La repetició de les eleccions el 6 de març agafava a contrapeu D’s, un partit nascut d’una escissió d’UDC per donar suport al líder de CDC. No tenia sentit concórrer contra una candidatura de CDC liderada per Artur Mas. No era segur que CDC hagués volgut repetir el fallit experiment de Democràcia i Llibertat (que va obtenir uns resultats pèssims) i, cas que hagués volgut fer-ho, tampoc no interessava a D’s, un partit la principal virtut del qual és la virginitat, aliar-se amb un partit desprestigiat per reproduir el paper que feia Unió en la difunta CiU. Totes les opcions eren dolentes.

Ara bé, la situació actual no deixa de ser compromesa.

La qüestió és que D’s aspira a ocupar el mateix territori que CDC, però sense el múscul territorial que té CDC i sense els líders que té CDC. Dic líders perquè si fins ara CDC tenia a Artur Mas, a partir d’ara tindrà, a més, a Carles Puigdemont, que va fer una irrupció estel·lar en el debat d’investidura.

D’s pot ser temptat per la marginalitat: intentar sobreviure en un nínxol ideològic, i concretament el demòcrata-cristià. Qualsevol persona que no tingui un pa a l’ull sap que aquesta opció equival al suïcidi.

Si D’s no opta pel suïcidi, ha de comprendre que, a la llarga, D’s i CDC no poden coexistir. La competència pot ser, i ha de ser, cordial, però serà a mort.

En circumstàncies normals, D’s no tindria cap oportunitat de sobreviure, però les circumstàncies no són normals, i la pressió sobre CDC serà tan brutal que aquest partit pot veure’s obligat a desaparèixer (de fet, Rull, en qualitat de coordinador general, no s’ha cansat de repetir que caldria procedir a l’extinció de CDC).

Si D’s no opta pel suïcidi, la seva única opció és treballar el que CDC no té: un corpus ideològic i una cultura organitzativa moderna, i captar allò que sempre mancarà: talent. Treballar aquestes virtuts i esperar esdeveniments a can CDC.

En la mesura que D’s es consolidi com un partit amb un concepte clar i atractiu del país que es proposa construir, en la mesura que consolidi una organització lleugera, àgil i participativa, i en la mesura que capti talent; en la mesura que faci tot això, D’s no sols estarà treballant per la seva supervivència, també estarà construint una peça indispensable per al futur del país. Perquè no és segur, però és probable que arribi el dia que el país necessiti un recanvi.

Notes sobre el procés

dijous, 31/12/2015

  1. La culpa no és de les CUP

L’entrada anterior en aquest blog té més d’un any, i en ella em felicitava de la negativa de Junqueras (2-12-14) a la invitació de Mas (25-11-14) a una llista unitària per convertir unes eleccions autonòmiques en plebiscitàries. El meu argument era que abans d’abordar el projecte independentista calia haver portat a terme la refundació de CiU; és a dir, de l’espai de centre català, incapacitat per liderar res mentre estigués identificat amb la corrupció.

Ha plogut molt des d’aleshores. Junqueras va acabar cedint i unes plebiscitàries amb llista unitària van tenir lloc el 27-S, amb un resultat extraordinàriament positiu per a l’independentisme, que ha assolit la majoria al Parlament, la qual, a la seva vegada, li ha permès aprovar una resolució rupturista (9-11-15). (El resultat no sols semblava fer dolenta la meva reflexió, sinó que jo mateix m’he prestat a participar en una segona versió devaluada de la llista unitària per a les eleccions del 20-D). CiU no s’ha refundat, però encara en parla. En canvi, Unió sí que s’ha refundat i ho ha fet de primera: s’ha escindit, la meitat identificada amb el passat (la que ha retingut Duran i les sigles) està en vies d’extinció i l’altra meitat (Demòcrates) està procedint amb un entusiasme admirable a la construcció d’un partit modern, encara que, de moment, minúscul. Mentrestant, el “procés” sembla haver embarrancat per culpa de les CUP, presoneres del seu compromís electoral de no investir a Mas.

En realitat, el resultat electoral del 27-S va ser extraordinàriament positiu, però insuficient per iniciar un procés d’independització, perquè, en no consistir en la majoria absoluta en vots, no constituïa el “mandat democràtic” que Junqueras i el sentit comú repetien que era imprescindible. La lectura lògica dels resultats hagués estat que el poble aprovava el gir a l’independentisme per part de CDC i d’una part d’Unió, però que encara calia demostrar-li moltes coses per consolidar una majoria clara en favor d’ella. Una d’elles, i la més important, que l’independentisme disposava dels equips humans i de les organitzacions capaços de liderar el trànsit a la independència. En definitiva, que encara que el plebiscit havia tingut lloc abans de la refundació de l’espai de centre, aquesta refundació seguia essent imprescindible.

L’empat de l’assemblea de les CUP del passat diumenge (27-12-15) pot semblar estrafolari i ha donat lloc a una pluja de crítiques contra aquesta organització, però el cert és que no fa sinó reflectir els dubtes instal·lats a la societat catalana sobre fins a quin punt CDC-Mas han fet net amb la corrupció. Els portaveus de CDC repeteixen que sí, però aquesta afirmació no és coherent amb el projecte de la refundació: o no s’hi ha fet net, o la refundació és innecessària. Dit d’una altra manera: si el poble ha manifestat els seus dubtes sobre el projecte independentista liderat per JxSí, per què no els havien de tenir els afiliats a les CUP?

Els dubtes de les CUP, lluny d’haver fet embarrancar el “procés”, el que han fet és forçar una aturada que era el que demanaven els resultats (insuficients) del 27-S. No han fet embarrancar el procés, sinó que han posat fi a una acceleració que no tenia sentit i que hagués pogut acabar molt malament.

  1. El full de ruta està difunt

Suposem que JxSí formi finalment govern gràcies al suport de les CUP. Imaginem, fins i tot, que aquest suport hagués tingut lloc immediatament després del 27-S.

Tindríem govern, però no tindríem mandat democràtic per proclamar la independència. Ni al cap de divuit mesos ni mai. El que cal, doncs, no és aconseguir el suport de les CUP per poder construir unes “estructures d’estat” que facin imaginable una desconnexió unilateral, sinó treballar per aconseguir el mandat democràtic, és a dir, una majoria clara de suport a la independització expressada en un altre plebiscit. Que aquest plebiscit torni a ser unes eleccions formalment legislatives o un referèndum formal és, en el fons, el de menys. A partir d’ara, totes les eleccions seran llegides (també) com a plebiscitàries. La qüestió és guanyar-les, no haver construït més o menys estructures d’estat.

  1. Una necessitat i tres plans per satisfer-la

La reconstrucció del partit sobiranista de centre és una precondició no sols perquè la independència sigui factible, sinó per endegar qualsevol projecte de regeneració de la política (i, per tant, de l’economia) catalanes. Aquesta reconstrucció hauria de ser, doncs, la prioritat de les persones que aspirem que Catalunya arribi a ser una societat millor i que no considerem sensat basar el projecte en models utòpics, o sigui que hauria de ser la prioritat dels que seguim pensant que el model són els països del centre i del nord d’Europa (de fet, és per aquest motiu que em vaig prestar a participar en la candidatura de DiL).

Aquesta reconstrucció pot tenir lloc de tres maneres:

  • Pla A: Reestructuració. Consisteix en una refundació de CDC que suposi un trencament real i aparent amb el passat tot i retenint el que té de més valuós, que són un grapat d’alcaldes de poblacions mitjanes i milers d’afiliats. La dificultat d’aquesta opció és que exigeix el suïcidi polític de la cúpula directiva, sense el qual la refundació no resulta creïble. En absència d’aquest suïcidi, i com el PSC, CDC seguirà experimentant dolces derrotes elecció rere elecció que permetran que la cúpula continuï somniant amb una recuperació impossible. Com a molt, s’oferirà una fusió a Demòcrates i a Reagrupament, maniobra que només satisfaria als que s’hi prestessin a protagonitzar-la, però no al poble. El més significatiu dels resultats del 20-D no ha estat la brutal pèrdua de vots (44% respecte dels obtinguts per CiU en les anteriors generals, a comparar amb el 33% del PP), sinó el fet que l’enquesta a peu d’urna donés un resultat encara molt pitjor, la qual cosa no significa sinó que a molts votants de DiL (CDC, Demòcrates i Reagrupament) els avergonyia declarar el sentit del seu vot.
  • Pla B: Consolidació de la start-up. Demòcrates ja ha portat a terme el seu trencament amb el passat, i ho ha fet amb tanta fortuna que s’ha tret de sobre tot el passiu perdent-hi molt poc actiu. Per altra banda, està construint una organització moderna, lleugera i aparentment capaç de créixer. Està rebent adhesions no sols d’ex afiliats d’UDC sinó, sobretot, de persones que no havien format part mai de cap partit. El problema és que tot plegat és encara molt prim. No té ni programa (tampoc no el tenia Unió, però és impensable construir un partit sense ell), ni un equip humà prou potent. Demòcrates, en resum, ha de demostrar moltes coses, entre elles serenitat per sobreviure les turbulències de la política catalana dels propers anys sense cometre gaires errors, i, sobretot, resistir-se a l’OPA amistosa que li oferirà CDC. Ha de treure’s de sobre l’etiqueta demòcrata-cristiana (amb la qual és impossible arribar gaire lluny), construir una proposta atractiva, captar talent, sobreviure fins les municipals de 2019 i allà, en solitari, aconseguir prou alcaldies com per resultar creïble per als alcaldes convergents de ciutats mitjanes.
  • Pla C: Creació d’un nou partit. Sobre el paper, és l’opció més neta, perquè pot imaginar-se perfecte. El forat electoral per a un partit sobiranista de centre, que renunciï a la fantasia d’una DUI i que tingui per model el centre d’Europa, hi és, i és enorme. No sols hi és, sinó que allà hi serà durant molt de temps, perquè la probabilitat que Espanya ofereixi un model atractiu per als espanyols és remota; que, a sobre, suposi acabar amb el tracte discriminatori contra Catalunya, sembla impossible. Hi ha disponibles quadres a qui la resolució del Parlament ha fet sentir orfes. Malgrat això, aquesta opció només té sentit si fallen les dues anteriors.

Tres plans. Un d’ells ha de sortir bé, i és imprescindible que ho faci.

Nota sobre el procés

dimecres, 3/12/2014

Vaig assistir a la conferència d’Oriol Junqueras ahir al vespre. El que han destacat els mitjans de comunicació és que  va constituir un cop de porta a la proposta que havia fet Artur Mas el passat dia 25 de novembre. De fet, sembla que ell mateix l’hauria qualificada d’“esmena a la totalitat”.

En general, la reacció en el camp independentista és de contrarietat. La mateixa Carme Forcadell havia fet una crida, immediatament abans, que semblava recolzar la proposta de Mas. En canvi, a mi em sembla que Junqueras està evitant que fem un pas en fals. M’explicaré. Read the rest of this entry »

Sobre un document econòmic de Podemos

dissabte, 29/11/2014

 

Podemos acaba de presentar un “esborrany de mesures econòmiques” , de 68 pàgines, elaborat per Vicenç Navarro i Juan Torres, que la premsa ha presentat com “el programa econòmic” d’aquest partit.

Què puc dir d’aquest document? Sintèticament, el següent:

 

Una proposta reformista

 

No estem davant d’una proposta utòpica. Els autors no estan propugnant un sistema socialista ni, per descomptat, comunista, en el sentit que aquestes Read the rest of this entry »

Algunes dificultats amb un informe de SCC

divendres, 21/11/2014

 

El passat dia 24 d’octubre, Societat Civil Catalana (SCC) va fer públic un document titulat “Informe sobre la economía de una hipotética secesión de Cataluña. La qüestió que tracta és de la major importància política, li he dedicat alguns esforços a documentar-me i a reflexionar i per això he considerat important llegir amb atenció el document. Com que la seva anàlisi m’ha suscitat diverses dificultats, crec que val la pena compartir-les amb els lectors.

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Razones y sinrazones económicas contra la independencia de Cataluña: las de J. L. Feito

dimarts , 11/11/2014

(Ensayo elaborado con motivo de un debate sobre la viabilidad económica de la independencia de Cataluña, organizado por Foro de foros, con Elisenda Paluzie, José Luis Feito y Emilio Ontiveros, Madrid 12-5-2014)

Resumen:

Este ensayo examina los dos argumentos más importantes que son aducidos por los economistas que cuestionan la viabilidad económica de la independencia de Cataluña. Para ello, se analiza y discute uno de los textos más populares de esa corriente. Por lo que respecta a las hipotéticas consecuencias del Efecto Frontera, se demuestra que se fundamentan en una comprensión equivocada de ese fenómeno y en la ignorancia de la bibliografía más relevante; la conclusión es que el Efecto Frontera y el boicot no son aditivos y sí modestos. Por lo que respecta a la relación con la UE, la predicción de una salida desordenada con consecuencias catastróficas se basa en una hipótesis jurídicamente incoherente y económicamente insostenible; la conclusión es que aunque Cataluña no se mantuviera dentro de la UE, sus relaciones comerciales con el resto del mundo no se verían afectadas.

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