Comentarios a un escrito de J.R. Rallo que Garicano considera “excelente”

Comentarios (en rojo) a un escrito de Juan Ramón Rallo que a Garicano le parece “excelente”

 

Podemos empobrecerá a los más pobres con su ley de salario mínimo

Una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie

Juan Ramón Rallo

25.11.2016 – 05:00 H

 

El Congreso aprobó el pasado martes una proposición de Ley de Unidos Podemos para incrementar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio de España en el año 2020. Dado que en la actualidad el salario medio de España asciende a unos 1.881 euros mensuales, la propuesta de la formación morada pasa por fijarlo en 1.108 euros mensuales en 2020 (950 euros mensuales en 14 pagas).

La idea parece razonable, dado que únicamente desarrolla la respectiva sugerencia de la Carta Social Europea: a saber, que los salarios mínimos nacionales representen al menos el 60% de los salarios medios. Sin embargo, su fundamentación económica es muchísimo más endeble y peligrosa, justamente por no entender qué es y qué implicaciones conlleva un incremento normativo del sueldo mínimo.

 

¿Qué es el salario mínimo?

 

Empecemos por lo básico: una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie, dado que el empresario puede optar por despedir al trabajador antes que abonarle un mayor salario. Si muchas personas confunden ambas proposiciones (subir el salario mínimo legal con incrementar los salarios más bajos de la economía) es porque implícitamente asumen que el empresario no podrá permitirse prescindir de sus empleados y, por consiguiente, se verá empujado a incrementarles su sueldo.

 

Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal, el empresario optará por despedirle

 

Pero esta última hipótesis —que el empresario preferirá siempre aumentar la remuneración de sus trabajadores antes que despedirlos— es cuando menos discutible. Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa (lo que suele llamarse “productividad marginal del trabajador”) es inferior al salario mínimo legal, entonces el empresario optará por despedir a su empleado: “Si gracias a ti ingreso 10 pero me cuestas 15, mejor no te contrato”. Imaginen que el Congreso aprobara una “ley de altura mínima”, según la cual los empresarios no pudieran contratar a trabajadores que midieran menos de 1,85 metros: ¿lograría esa normativa aumentar la altura de los obreros más bajitos o más bien equivaldría a prohibirles trabajar por ley? O imaginen que el Congreso aprobara una “ley de ingresos mínimos” para los autónomos, según la cual ningún trabajador autónomo con ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales tiene permitido desarrollar la actividad en nuestro país: ¿conseguiría esa ley que los autónomos ingresaran más o simplemente los condenaría al desempleo? El problema de las leyes de salario mínimo es justamente ese: en lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar relegándolos al desempleo estructural.

Ahora bien, es verdad que hay muchos economistas que defienden los aumentos del salario mínimo legal. ¿Por qué? Pues una de dos: o porque consideran que parte de los trabajadores están percibiendo a día de hoy un salario inferior a su productividad marginal (es lo que ocurriría en mercados laborales monopsónicos o con comportamientos similares al monopsonio)

Ignoro lo que piensan otros economistas que defienden el aumento del salario mínimo. Yo lo hago porque pienso que muy frecuentemente el salario está por debajo de la productividad marginal del trabajo, pero no porque el mercado laboral sea monopsonístico. La idea de que en un mercado laboral competitivo el salario iguala la productividad marginal del trabajador es cierta sólo en condiciones muy restrictivas.

Esa igualdad se desprende del supuesto de que la función de producción cumple ciertos requisitos. A nivel práctico, esas condiciones se daban en las economías preindustriales. El ejemplo clásico es el de una masa de trabajadores que explotan, todos de la misma manera, una cantidad de tierra heterogénea. Es este caso, está clara cuál es la contribución que hace un trabajador a la producción, y está claro que cuantos más trabajadores, menos fértil será la tierra que debe explotarse, con lo que la productividad del último trabajador dependerá del número de trabajadores que trabajen.

Ahora bien, en una empresa industrial, las cosas ya no funcionan así.

Consideremos una empresa ferroviaria que emplea a un guardagujas cuyo único trabajo es accionar una palanca varias veces al día. ¿Cuál es su contribución a la producción de la compañía? Lo que ésta perdería si prescindiera de él, que es una cantidad enorme, puesto que la mitad de los trenes no llegarían a su destino. Sin embargo, es de suponer que su salario será relativamente bajo. ¿Por qué? No porque su productividad marginal lo sea (puesto que es enorme) sino porque la compañía puede substituirlo fácilmente por otro trabajador similar a ese bajo salario. Para la empresa ferroviaria – a diferencia del terrateniente que habíamos considerado antes – el salario no viene determinado por la productividad.

Tenemos tan interiorizado que el salario es igual a la productividad que a menudo deducimos que el hecho de que un salario sea bajo es demostración suficiente de que la productividad también lo es, pero sólo se trata de un razonamiento circular sin ninguna base lógica.

El ejemplo del guardagujas no es excepcional, sino precisamente la norma en economías complejas. Ahora bien, podría ser que el salario de mercado – que la compañía ferroviaria acepta como dado – venga determinado por la productividad de los trabajadores en general en esa economía concreta. La comunidad académica ha realizado esfuerzos enormes para poder establecer algo que se parezca a esa relación; sin éxito. Samuelson, por ejemplo, se dedicó a ello durante un tiempo, sólo para concluir que la “teoría del valor” no es capaz de aportar luz para entender cómo funcionan las economías complejas.

No, la teoría económica ortodoxa no puede demostrar que en una economía compleja y competitiva el salario iguale la productividad marginal del trabajador. Por tanto, es perfectamente posible imaginar que, si el gobierno obliga a pagar más a empresas competitivas, sigan contratando exactamente el mismo número de trabajadores.

o porque creen que el incremento de los salarios mínimos contribuirá a elevar la productividad del trabajo de manera endógena (por ejemplo, porque el mayor coste laboral inducirá a los empresarios a reducir sus ineficiencias organizativas internas; o porque el mayor salario actuará como un estímulo keynesiano sobre el resto de la economía; o porque el mayor salario estimulará a los propios trabajadores a volverse más eficientes; o porque el mayor salario desincentivará la alta rotación de empleados en un mismo puesto de trabajo).

Efectivamente, es frecuente oír este tipo de argumentos.

Dejando de lado el argumento keynesiano (que creo que sólo es eficaz o bien a corto plazo, o bien en las condiciones excepcionales en que Keynes desarrolló su teoría), el resto de argumentos se reducen a uno: que el encarecimiento del trabajo estimula la productividad. Hay muchísima evidencia histórica de que esto es así, y, en general, la industrialización ha venido estimulada por la escasez (o sea, el encarecimiento) de trabajadores.

Este efecto es típicamente industrial y agrícola: probablemente, si el salario del guardagujas sube, la compañía ideará maneras de aumentar su productividad: quizá le subministre una motocicleta para que se haga cargo de dos intersecciones.

Ahora bien, en las economías de servicios se da otro fenómeno que no es frecuente oír y que Rallo tampoco menciona.

En estas economías el aumento del salario puede inducir aumentos de la productividad del trabajador, pero, a diferencia de los casos que él menciona, sin que el trabajador o la empresa deban hacer nada.

Consideremos dos camareras de piso de dos hoteles muy similares. Las dos deben realizar las mismas operaciones en habitaciones muy similares dotadas de instrumentos (un carrito, una escoba, etc) y productos (de limpieza) muy similares. Las dos producen lo mismo: asear el mismo número de habitaciones por hora. Lo único que las diferencia es que la una trabaja en un hotel suizo y la segunda en un hotel español que subcontrata la limpieza a una empresa de multiservicios. La primera gana 49.000 euros al año y la segunda 10.000. (La segunda tiene derechos sociales que la primera debe pagarse, pero este hecho no desvirtúa el razonamiento; tampoco lo hace el coste de la vida, puesto que en términos de PPP, la relación entre los dos salarios viene a ser de 1 a 4).

Imaginemos ahora que el gobierno toma conciencia de lo que establece el artículo 37.1 de la Constitución Española y deroga la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En este caso, el hotelero español deberá pagar a la camarera lo que establezca el convenio de hostelería que le sea de aplicación: pongamos 18.000 €. ¿Cuál es la contribución a la producción del hotel que hace la camarera de piso? Si aceptamos que el hotelero actúa en un mercado competitivo (vende servicios a la calidad y precio que dictan sus competidores), debemos concluir que esa productividad sube y baja con el salario. Y no el salario con la productividad.

El caso de la camarera no es excepcional, sino la norma en una economía de servicios: ¿cuál es la productividad (marginal o no) de acompañar a un anciano, de atender niños en una guardería, de dictar sentencias, de cortar el cabello? La que establezca el salario. De hecho, el salario del peluquero se ha disparado en los últimos siglos, sin que lo haya hecho su productividad física.

En principio, pues, no cabe rechazar teóricamente de plano que un cierto incremento del salario mínimo pudiera generar un incremento sostenible de la ocupación y de las remuneraciones.

Por tanto, para conocer la relevancia real de los anteriores efectos no queda otra que recurrir a la empírica: ¿qué nos dice la experiencia acerca de las consecuencias de los aumentos del salario mínimo legal?

 

Efectos del salario mínimo

 

En 2009, los economistas Hristos Doucouliagos y T. D. Stanley publicaron una meta-análisis de 1.474 estimaciones acerca de los efectos del salario mínimo sobre el empleo, y el conjunto de tales estimaciones mostraba que, por cada incremento del 1% en el salario mínimo, el empleo se reducía un 0,19%.

La evidencia empírica que presenta Rallo es muy, muy, sesgada y está lejos de constituir un consenso científico. Baste citar – entre muchos otros ejemplos – una frase de un estudio muy reciente (2014) de la Universidad de Berkeley realizado en el marco del debate en el Ayuntamiento de Los Angeles sobre la propuesta (que acabó siendo aprobada) de subir el salario mínimo local:

 

La investigación económica a escala federal, estatal y local sobre los aumentos del salario mínimo de la zona han encontrado poco o ningún efecto mensurable sobre la ocupación o las horas trabajadas.

 

Es decir, si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5% con respecto a los niveles actuales: una destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Una subida del 45% es, efectivamente, mucha subida. Sin embargo, debe tenerse presente que la subida que el Ayuntamiento de Los Angeles estaba considerando, y qué acabó aprobando, era del 36% en tres años. Inmediatamente después, el estado de California ha aprobado subir el salario mínimo un 50% en seis años. Por su parte, el gobierno británico también ha aprobado recientemente subir el salario mínimo un 34% en cuatro años. Magnitudes similares a la de la subida que propone Podemos han sido considerada favorablemente por otros hace muy poco tiempo.

Es verdad, sin embargo, que Doucouliagos y Stanley consideran que su devastadora estimación sobre los efectos del salario mínimo se debe a que existe un sesgo de publicación entre los ‘journals’ de Economía: esto es, que los autores y los editores tienden a publicar en mayor medida análisis críticos con el salario mínimo que análisis favorables al mismo. Pero fijémonos en que la exoneración de los efectos destructivos del salario mínimo no se debe a que la evidencia disponible concluya que el salario mínimo es inocuo, sino a la presunción de que la evidencia disponible no es totalmente válida.

 

Si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5%: una destrucción de 1,5 millones de puestos

 

Pero supongamos que, en efecto, un incremento del salario mínimo no provoca destrucción neta de empleo porque la evidencia negativa sí se halla sesgada. ¿Significa ello que carece de consecuencias negativas sobre los trabajadores? En absoluto. La destrucción de empleo es solo uno de los posibles canales de transmisión de una subida del salario mínimo, pero hay al menos otros cinco canales negativos para los que contamos con diversos grados de evidencia empírica:

  • Ralentización de la creación de empleo: El incremento del salario mínimo no tiene por qué reducir el volumen de empleo actual, sino que bien puede frenar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los economistas Meer y Westestiman que un aumento del 10% en el salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de creación de empleo. Dado que Unidos Podemos desea aumentar el salario mínimo más de un 40%, ello significaría que la creación de empleo de la economía española se frenaría por entero.

Efectivamente, hay que esperar este efecto, pero matizando su redacción: lo que hay que esperar es que se ralentice la creación de puestos de trabajo poco calificados. Ahora bien, esta previsión debe ser considerada a la luz de lo siguiente: España tiene una proporción de jóvenes de entre 30 y 34 años trabajando con una calificación igual o inferior a la ESO que cuadruplica la de prácticamente todos los países situados al norte de los Pirineos. Así pues, el aumento del salario mínimo actuaría como una corrección a un modelo laboral que prioriza la creación de puestos de trabajo poco calificados.

  • Reducción del número de horas trabajadas: Los empresarios pueden no despedir a aquellos trabajadores cuyo salario mínimo ha aumentado, pero sí pueden reducir el número de horas por las que los contratan (sustitución de la jornada a tiempo completo por jornada a tiempo parcial). Si la hora de trabajo sale más cara, su demanda de horas de trabajo cae.

Como hemos visto, no hay evidencia empírica que soporte esta predicción

  • Reducción de los salarios en especie:Los empresarios pueden compensar el mayor coste salarial con un menor coste no salarial (por ejemplo, una menor inversión en formación interna), de modo que la remuneración total de un trabajador no cambiará pese al mayor salario mínimo legal.

Esta predicción es impropia de un economista ortodoxo: si los empresarios hubieran podido hacerlo antes, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué iban a esperar a un aumento del salario mínimo para proceder a una reducción de costes que ya era posible antes?

  • Sustitución de trabajadores no cualificados por trabajadores cualificados: Imaginemos que la productividad de un trabajador no cualificado es 10 y la de un trabajador cualificado es 15. Si el coste de contratar al no cualificado es 5 y el de contratar al cualificado es 12, el empresario preferirá incorporar al trabajador no cualificado (su margen de ganancias es mayor). Sin embargo, si se eleva el salario mínimo de 5 a 8, pasará a ser más rentable contratar al trabajador cualificado, de modo que el empresario podría optar por despedir a los empleados no cualificados para incrementar la contratación de los cualificados (el efecto del salario mínimo sobre el empleo total sería nulo, pero saldrían perdiendo aquellos a los que se quería beneficiar con el mayor salario mínimo).

Efectivamente, este es un fenómeno que cabe esperar a medio y largo plazo. De hecho, la posibilidad legal de pagar salarios tan bajos es lo que explica por qué la fuerza laboral española que trabaja está tan poco formada.

  • Aumento de precios: Los empresarios que vendan bienes o servicios con una demanda muy inelástica podrán repercutir su mayor coste salarial sobre los precios finales. Pero, evidentemente, si los precios de los bienes de consumo aumentan, los salarios reales de todos los trabajadores se reducirán. O dicho de otro modo, el aumento nominal del salario mínimo de algunos trabajadores ocasionará un recorte del salario real de otros trabajadores. ¿Cuál es el saldo neto de este efecto redistributivo entre los que ganan y los que pierden? De acuerdo con un reciente estudio del economista Thomas MaCurdy, el efecto es netamente perjudicial para los más pobres (pues son ellos los que consumen un mayor porcentaje de los productos que más se encarecen).

Ciertamente que el aumento del salario mínimo generará un aumento de ciertos precios. Concretamente, de los productos y servicios (sobre todo servicios) que utilizan mano de obra muy barata: atención a las persones, comercio al detalle, limpieza, etc. A falta de evidencia empírica referida a España, el supuesto de que estos servicios sean utilizados sobre todo por los más pobres no parece razonable: no son los pobres los que emplean otras personas, sino, sobre todo, dos colectivos: los turistas y la clase media y alta.

La evidencia disponible, pues, no parece avalar un incremento del salario mínimo en España: incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar en nuestro país solo contribuirá a reducir muy significativamente el empleo y a hundir los ingresos reales de las familias más pobres. Un riesgo que, con una tasa de paro del 20%, no nos podemos permitir.

La relación entre la tasa de paro y el salario mínimo debe ser considerada la luz de un factor que Rallo parece ignorar: el hecho de que el mercado laboral español, y sobre todo el de los trabajadores peor pagados, no es cerrado sino abierto.

En España no hay paro porque se hayan creado pocos puestos de trabajo, sino porque estos han sido ocupados por inmigrantes. Efectivamente, si comparamos el número de ocupados con la población española de hace veinte años, veremos que toda la población activa debería estar trabajando. Ahora bien, la inmigración no es un factor exógeno sino, sobre todo, endógeno, y la evidencia empírica ha establecido que en EEUU los migrantes se dirigen sobre todo a aquellos estados con el salario mínimo más bajo. Porque es allí donde se crean puestos de trabajo para ellos.

Por tanto, una sociedad tan bien formada como la española y con una tasa de fertilidad tan baja, lo que no puede permitirse es seguir orientándose a la creación de puestos de trabajo poco calificados. No puede permitirse seguir teniendo un salario mínimo tan bajo.

 

Incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar contribuirá a reducir el empleo y a hundir los ingresos de las familias más pobres

 

Ahora bien, imaginemos que somos relativamente escépticos con respecto a los resultados anteriores. A la postre, sigue habiendo numerosos economistas partidarios de subir el salario mínimo legal. ¿Quedaría en tal caso justificada la propuesta de Unidos Podemos? No, ni mucho menos. Incluso aquellos economistas partidarios de subir el salario mínimo son conscientes de que, a partir de ciertos umbrales, el efecto es siempre negativo. Tomemos el caso de uno de los más destacados defensores académicos de incrementar los salarios mínimos: el profesor Arindrajit Dube.

Dube defiende que los distintos estados que componen EEUU fijen un salario mínimo equivalente al 50% del salario mediano de ese estado. Él mismo reconoce que se trata de una propuesta osada y arriesgada —“la propuesta de incrementar el salario mínimo hasta el 50% del salario mediano va algo más allá del rango salarial para el que disponemos de una mejor evidencia empírica”—, pero por la que cree que merece la pena apostar. En España, el salario mínimo ya representa el 47,8% del salario mediano (el salario mínimo en doce pagas son 764 euros mensuales y el salario mediano en 2015 fue de 1.596 euros), de modo que incluso para economistas como Dube tendríamos poco margen para incrementarlo sin considerables riesgos.

Sucede que Unidos Podemos no pretende aumentar el salario mínimo al entorno —o algo por encima— del 50% del salario mediano, sino al 60% del salario medio, lo cual equivale al 70% del salario mediano. Se trataría, con diferencia, del salario mínimo relativo más elevado de toda la OCDE. Una absoluta imprudencia que multiplicaría todos los riesgos de destrucción de empleo en una economía que ya padece una altísima tasa de paro estructural como la nuestra:

En definitiva, la propuesta de Unidos Podemos de incrementar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio es puro populismo laboral. No existe ningún otro país desarrollado con una regulación salarial tan restrictiva y obstructiva, acaso porque sus consecuencias serían verdaderamente devastadoras: y lo serían, muy en especial, para aquellos trabajadores con menores sueldos. Si a Unidos Podemos realmente le preocuparan los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mañana mismo procedería a retirar su pauperizadora proposición de Ley: no lo hará porque su genuina preocupación no son los trabajadores pobres, sino alcanzar el poder a hombros del populismo más descarnado… caiga quien caiga.

No me considero un populista, sino todo lo contrario, y lo que defiendo es un salario mínimo al mismo nivel que el de los países al norte de los Pirineos que lo tienen: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica u Holanda. Y cuando digo al mismo nivel me refiero a en relación a la productividad de cada economía. En términos prácticos eso quiere decir al nivel del 50% del PIB per cápita, que equivale a 12.000€/año. Ese nivel, desde luego, no es el más alto de la OCDE, sino un nivel, insisto, medio en términos relativos (a nuestra productividad).

 

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